La modificación al código fiscal nacional sugiere penas de hasta ocho años de cárcel por contrabando, y también incorpora nuevas acciones que podrían considerarse delitos. La finalidad es mejorar el control en aduanas y detener las operaciones simuladas. El gobierno federal ha hecho propuestas para modificar el código fiscal nacional (CFF) que amplían las situaciones donde se puede suponer que se cometió el delito de contrabando, implementando castigos que van de cinco a ocho años de prisión para quienes realicen estas acciones.
Entre las nuevas acciones que podrían recibir sanciones están las vinculadas a operaciones que no existen o actos legales falsos durante la importación temporal de bienes. En otras palabras, también se castigará a quienes simulen cumplir con la obligación de retorno o introduzcan mercancías bajo regímenes temporales fraudulentos o que no cumplan con las normas legales. Además, la propuesta establece castigos para quienes no puedan justificar la falta o el no arribo de mercancías que estén bajo custodia aduanera, o para quienes permitan que se retiren bienes en depósito fiscal sin haber pagado los impuestos necesarios.
Con los recientes cambios, un delito también podría definirse si la llegada se demora más allá del tiempo legal o si no se demuestra que el retraso fue por una causa fortuita o por fuerza mayor. Esta acción tiene como objetivo eliminar lagunas legales y aumentar la vigilancia sobre los plazos y procedimientos aduaneros. Como resultado, las empresas y los operadores logísticos deberán llevar un control documental más riguroso de los movimientos de mercancías, asegurando que haya pruebas que respalden cada acción y evitar interpretaciones erróneas por parte de las autoridades fiscales.
Expertos en temas fiscales señalan que, aunque el objetivo de la reforma es luchar contra el contrabando técnico y las operaciones falsas, el término “acto simulado” sigue siendo poco claro y podría afectar a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. Por lo tanto, se sugiere guardar toda la documentación que demuestre la realidad de las operaciones, especialmente en actividades de comercio exterior, donde el tiempo y el seguimiento de las mercancías son aspectos clave. El endurecimiento de las sanciones es parte de una estrategia más amplia del SAT y la Secretaría de Hacienda para reducir las oportunidades de evasión fiscal y mejorar la fiscalización aduanera en el país.
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